Leyla Andrea Carrasco Cazarín.
El Estado como institución defensor de la constitución y todos sus derechos como el de la libertad de expresión, el derecho a manifestarse, a ejercer soberanía, entre otros, se hace de un discurso en el que aparentemente se defienden y enarbolan todos estos aspectos, pero solo en el discurso, ya que las realidades suelen ser muy distintas.
La situación actual para todos aquellos que intentan ejercer algunos de sus derechos como ciudadanos al dedicarse activamente a distintas causas sociales se ha recrudecido en los últimos meses, las contantes desapariciones y amenazas incluso a través de manera oficial como la ocasión en la que 23 mil ciudadanos enviaron ante la Corte Penal Internacional una demanda contra Felipe Calderón por crímenes de lesa humanidad ante la guerra del narcotráfico y sus consecuentes “daños colaterales”, esta lista encabezada por políticos, intelectuales y activistas fue reprobada por el gobierno mexicano, lanzando incluso la amenaza en contra quienes estaban calumniando hasta llegar a sus últimas consecuencias, así es como respondió el gobierno federal con un comunicado oficial ante la expresión de 23mil ciudadanos quienes adoptaron una postura no favorecedora para la imagen del presidente, quien reacciono de forma intolerante.
Ahora bien, si de forma abierta responde de esta manera en su discurso en la práctica es mucho más cruda, un ejemplo claro es el asesinato de Nepomuceno Moreno quien formaba parte del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y durante las charlas de sus integrantes con el presidente Felipe Calderón le entregó a éste el expediente sobre la desaparición de su hijo. Don Nepomuceno ya había pedido protección al gobierno para poder seguir realizando sus actividades dentro de la organización ya que había recibido amenazas de muerte.
Otro ejemplo claro es el ataque que recibió en fechas recientes la Sra. Norma Andrade, activista del movimiento en Ciudad Juárez Chihuahua, Nuestras Hijas de Regreso a Casa, cuya hija está amenazada de muerte y estaba fuera de la ciudad por esta situación, el ataque que se le realizo a la Sra. Norma Andrade la envío al hospital por las heridas de bala ocasionadas, en este caso también se pidió protección para ella y su hija, quienes al momento no han recibido respuesta, por lo que se encuentran fuera de Chihuahua.
Otro caso que se puede agregar a la larga lista de agredidos por formar parte de grupos activistas es el de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa Jorge Alexis Herrera, Gabriel Echeverría de Jesús y Edgaar David Espíritu Río asesinados al enfrentarse y formar parte del grupo que estaba defendiendo su escuela.
Después del asesinato de estudiantes se realizaron varias manifestaciones en el país por parte de distintas organizaciones, entre ellas el movimiento 15 O Puebla, al cual asistí, durante esta manifestación un profesor de primaria de 4º grado nos dio su testimonio como maestro y ex normalista y nos hizo notar a los participantes de dicha manifestación que nos encontrábamos amenazados de muerte por el simple hecho de estar presentes y expresar nuestra indignación ante estos hechos, por formar parte de un movimiento y por ser activistas.
En un principio estas afirmaciones parecieran ser exageradas, pero al revisar los hechos ahora quien pretenda ejercer su derecho a manifestarse, expresarse, movilizarse, asociarse e involucrarse en acciones que pretendan defender sus derechos como ciudadano puede ser amenazado, desaparecido y asesinado, así pues desde el discurso oficial desde un comunicado hasta el hecho de ser asesinado, el Gobierno pretende eliminar toda clase de personas que se involucren en movimientos políticos, negándoles sus derechos y legitimando sus acciones con la llamada “Ley Antiterrorista” que pretende criminalizar a quienes forman parte de estas movilizaciones.
El Gobierno declara así la guerra no solo contra el narcotráfico sino también en contra de quienes defienden sus derechos y solo pretenden ejercer la facultad que el “Estado de Derecho” les da como ciudadanos.
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